Juventud EDE Morón

En los últimos días se instaló con más fuerza de lo habitual en la agenda pública el tema de la inseguridad; y, como de costumbre los medios salieron a recoger las opiniones y propuestas de los representantes de la derecha nacional. Si el campo progresista tiene que hacer un mea culpa con respecto a este tema, ese debería ser el haber dejado que las únicas propuestas contra la inseguridad que se escuchen venga de los que solo saben proponer baja de imputabilidad y mano dura. Por eso consideramos importante escuchar la opinión de uno de los máximos referentes del EDE en este tema, cual es su posición frente al nuevo proyecto de régimen contravencial en la Provincia de Buenos Aires, y cuales son las propuestas que el campo progresista tiene para ofrecer en materia de seguridad.

Marcelo Saín - Ex viceministro de Seguridad. Profesor universitario - Compañero del Encuentro por la Democracia y la Equidad.

1 ¿Cómo califica la situación de inseguridad en la Provincia de Buenos Aires?

Lo más grave es la ausencia de gobierno y de gestión política en materia de seguridad. A la ausencia de un diagnóstico actualizado sobre la criminalidad ordinaria (referida al delito común y, fundamentalmente, al delito violento) y compleja (narcotráfico, robo de vehículos y venta de autopartes, entre otros), se le añade la ingenuidad perversa de postular que ninguno de estos emprendimientos está fuertemente condicionado por la regulación policial. Esto es, la protección de ciertos sectores policiales y la recaudación ilegal de fondos provenientes de los frutos de esos delitos, como lo ven la mayoría de los bonaerenses.Para los gobernantes provinciales, la situación criminal deriva de la falta de leyes y de acciones "duras", y del escarnio al que fue sometida la institución policial cuando fue conducida políticamente en la época de Leon Arslanián. Por ello, postulan el endurecimiento de leyes y el otorgamiento de autonomía operacional y más poder discrecional a la Policía. Siempre abordan de manera trivial y criminológicamente infundada el problema criminal y nunca mencionan ni gestionan las condiciones sociales de alta marginalidad urbana que favorecen los delitos violentos cometidos por menores que viven en esa marginalidad.

2 ¿Está de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad de los menores?

Si los menores en conflicto con la ley son recluidos en verdaderos "reformatorios" altamente indigentes y signados por el hacinamiento y la tortura, la baja de la edad de inimputabilidad no constituye una medida seria. No se resuelve el problema de la criminalidad violenta cometida por menores altamente marginales con la amenaza penal de la punición. ¿Se puede ser tan miope como para desconocer que, en gran medida, los "pibes chorros" roban en lugares con protección policial o que se lanzan a robar autos para proveer a los talleres de desarme con regulación policial?

3 ¿Está de acuerdo con restaurar contravenciones como el "merodeo" o la "vagancia" en el territorio bonaerense?

Sostener que el merodeo, la vagancia o el rostro cubierto son una fuente de delito violento es una postura insulsa y perversa. El nuevo proyecto de régimen contravencional bonaerense es una nube de humo para evitar abordar los temas de fondo. No va a haber una disminución de los delitos ni de la violencia de los mismos, como tampoco va a transformarse el mapa de la vulnerabilidad ni de la victimización. Pero le va a permitir al Gobernador "surfear" la demanda construida política y mediáticamente en favor de una respuesta punitiva exacerbada contra la villas miserias.


4 ¿Qué medidas de emergencia tomaría para bajar los delitos en la Provincia en el lapso de un año?

Se trata de construir gobernabilidad política donde no la hay. Llegó el turno de la política, y ello requiere de tres ejes: primero, crear modernas estructuras de gestión política de la seguridad, especializadas en la planificación del sector y en la conducción de los instrumentos sociales y policiales de intervención para la prevención y control de los delitos; segundo, conformar amplios dispositivos de inclusión y de prevención social de conflictos y delitos; tercero, llevar a cabo un proceso serio y profundo de reforma policial apuntando a conformar instituciones policiales eficientes y sin los bolsones de corrupción que atraviesan a las actuales policías. Esto no depende de la justicia, sino que es una decisión política.